Manifiesto contra las Macrocárceles

Escrito por Plataforma contra las Macrocárceles

Las entidades que hemos constituido esta plataforma y aquellas que se adhieran a este manifiesto, nos oponemos a la construcción de dos nuevas macrocárceles en el País Vasco, tal y como tiene proyectado hacer el Ministerio del Interior, una en el municipio de Iruña de Oca, en Araba, donde ya existe una macro-cárcel y otra en Zubieta, en Gipuzkoa.



MANIFIESTO CONSTITUYENTE DE LA PLATAFORMA ALAVESA PARA LA INMEDIATA PARALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA Macrocárcel EN NANCLARES DE LA OCA (Álava).

Las entidades que hemos constituido esta plataforma y aquellas que se adhieran a este manifiesto, nos oponemos a la construcción de dos nuevas macrocárceles en el País Vasco, tal y como tiene proyectado hacer el Ministerio del Interior, una en el municipio de Iruña de Oca, en Araba, donde ya existe una macro-cárcel y otra en Zubieta, en Gipuzkoa. En el caso de la proyectada en Álava, existen dos tipos de argumentos para la urgente paralización del proyecto de construcción de la nueva Macro-cárcel en el municipio de Iruña de Oca, cerca de la ya existente en el mismo municipio y, en funcionamiento, desde el año 1981. La nueva cárcel prevista para entrar en funcionamiento en el año 2010, triplicaría las dimensiones y capacidad de la actual.

Destacamos así en primer lugar, los motivos sociales y humanos para rechazar este proyecto.

1º No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni de Araba o Gipuzkoa que fundamenten la pertinencia de estos proyectos y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que las cárceles de Nanclares de la Oca y de Martutene están en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de nuevas cárceles, sin ofrecerse ninguna garantía de que será cerrada la actual y obsoleta prisión situada en Nanclares de la Oca y, respondiendo la intención de cerrar Martutene, a intereses urbanísticos multimillonarios ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de Donostia-San Sebastián.

2º El proyecto de construcción de otra cárcel en el antiguo polvorín de Zabaia en el municipio de Iruña de Oka, plantea construir un centro con 876 celdas compartidas, la mayoría para dos personas, propuesta que es incompatible con lo que establece la ley y, la convierte en la práctica en una macro-cárcel capaz de albergar a casi 2.000 personas. Además7 habrían de sumarse las plazas existentes en la actual prisión que actualmente cuenta con una población recluida aproximada de 650 personas.

3º No se han tenido una vez más en cuenta la opinión de quienes viven en el municipio de Iruña de Oca, de sus vecindarios correspondientes antes de poner en marcha un proyecto mastodóntico de esta envergadura. Además se esta engañando al vecindario del municipio por parte de los responsable municipales y de la Delegación del Gobierno Central en el Pais Vasco diciendo que la prisión actual se va a cerrar cuando en ningún caso el Ministerio del Interior ha procedido a hacerlo, ni se ha manifestado oficialmente en este sentido.

4º La política del gobierno de construir macro-cárceles y en general de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar crear las condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental, por no decir única respuesta a los conflictos sociales, apuesta que está en el origen del incremento desmesurado de la población recluida. Existe, en el marco de las competencias estatutarias, un informe encargado por el Parlamento Vasco donde se plantea un modelo de ejecución penal de orientación social propio para la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de Álava se estima en menos de 500 el total de personas presas en el sistema penitenciario español con residencia administrativa o arraigo familiar en Álava, y sin embargo solo en este territorio vamos a contar con más de 2.500 plazas que serán en su gran mayoría ocupadas por personas de fuera de nuestro territorio, mientras que la gran mayoría de las personas alavesas presas seguirán cumpliendo sus condenas en reclusorios alejados de Álava.

5º El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre que modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.

6º. Actualmente una plaza carcelaria al año, nos cuesta a los contribuyentes aproximadamente 25 mil euros, de los cuales la mitad son para sueldos de funcionarios y empresas privadas que prestan servicios en la cárcel (luz, teléfono, agua, alimentación, mantenimiento, etcétera. La otra mitad se la lleva una multinacional estadounidense que construye cárceles por todo el mundo sin adecuar las infraestructuras a las condiciones ambientales de los lugares donde se construyen, utilizando materiales perecederos que contribuyen a que en poco tiempo se vayan deteriorando las instalaciones y en consecuencia empeoren las condiciones de encarcelamiento y, los centros se queden rápidamente obsoletos. La construcción de macro-cárceles se convierte así en un negocio permanente auspiciado por las medidas penales que hacen posible el incremento progresivo de la población encarcelada.

En segundo lugar podemos destacar importantes motivos medio ambientales:

1º En cuanto a la planificación territorial vigente se infringen diversas normativas: Las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Iruña de Oca ya que esta zona está considerada como Suelo No Urbanizable. El PTP de Álava Central dado que la zona está catalogada como Área de Protección Territorial, por lo que según el artículo 15 de la Normativa del Plan Territorial Parcial se trata de una zona que debe ser objeto de conservación frente a desarrollos urbanísticos. Este cordal montañoso está catalogado por el Gobierno Vasco como Espacio Natural Relevante de Interés para la Protección. Además se transgreden los propios criterios que el Ministerio de Interior tiene para la elección de la ubicación de nuevos centros penitenciarios.

2ª En cuanto al Impacto ambiental del proyecto podemos destacar varias cuestiones. Sobre la vegetación el proyecto está causando serias afecciones a comunidades de bosques bien conservados; en la zona afectada por las obras se localizan hábitats catalogados como de Interés Prioritario según la Directiva “Habitat” 92/43/CEE. Sobre la Fauna, entre las especies de aves que se encuentran en la zona destacan las aves forestales que nidifican en estos bosques. Además en esta zona recientemente se ha asentado una nueva pareja de Águila real, que comparte roquedos con el Halcón peregrino y el Alimoche que nidifican en zonas cercanas a las obras. Todas estas especies se encuentran incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en distintas categorías. Por último, los vertidos de aguas residuales y de la EDAR que se tiene previsto construir, irían directamente al río Zadorra que está incluido en la Red Natura 2000 como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria); en este espacio protegido se localizan a su vez especies muy amenazadas en el País Vasco como el Visón europeo, la Nutria, el Blenio de río o la Zaparda.

3ª Resulta paradógico que se este actuando ilegalmente para construir lugares donde se recluye para supuestamente resocializar a personas que presuntamente han incumplido la ley. Por lo que nosotros conocemos no se ha realizado ningún estudio de Impacto Ambiental en un proyecto que va a suponer la construcción de una urbanización para unas 2000 personas que será el quinto núcleo más grande de población de Álava después de Vitoria-Gasteiz, Llodio, Amurrio y Agurain, además, con todas sus infraestructuras en una zona no urbanizable y donde el planeamiento urbanístico no lo permite.

Por todas estas razones rechazamos estos proyectos e instamos a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento Vasco de Febrero de 2006 en la que se pronuncia explícitamente en contra de la construcción de “Centros tipo” en la CAPV como los planteados en Zubieta e Iruña de Oca.

En el momento actual se ha arrasado con el movimiento previo de tierras, para la posterior construcción de la macro-cárcel, con una superficie protegida equivalente a ochenta campos de fútbol. Durante esta andadura nos hemos reunido con representantes de partidos políticos de todas las formaciones políticas, hemos comparecido en el Parlamento Vasco, Juntas Generales, Gobierno Vasco, etcétera. Algunos de estos representantes, muchos de ellos ostentando cargos gubernativos (Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava) nos han manifestado que no estaban de acuerdo ni con la ubicación del penal, ni con la construcción de macro-cárceles. Sin embargo, a la hora de la verdad, nos encontramos con que los movimientos de tierra previos al inicio de la construcción de la macro-cárcel de Zaballa (en el término municipal de Iruña de Oka) ya han empezado y ningún agente político e institucional ha hecho nada por evitarlo. Se trata de la política de “hechos consumados”. Por ello, todo indica que se trata de una obra ilegal que podría ser paralizada si se ejercitaran los instrumentos legales pertinentes (recurso contencioso-administrativo, denuncia por delito ecológico,.....) pero los propios responsables políticos se inhiben, dejan hacer ante la inminencia de las próximas elecciones y los pactos que se están gestando y que les atan de pies y manos. Así pues, nos obligan, como en tantas ocasiones, a que sea el movimiento asociativo quien tenga que llevar a cabo la tarea de fiscalizar y denunciar las irregularidades que se están cometiendo.

Entidades constituyentes:



Salhaketa de Araba, Ekologistak Martxan, Gizabidea, Comisión Anti-SIDA de Alava, Etxerat, Movimiento pro-amnistia, Eguzki, Grupo ecologista Gaia.



Para adherirse a este manifiesto de manera individual y/o colectiva escribe al correo electrónico:
makroespetxerikez@gmail.com